Cuando Argentina impuso un estricto confinamiento por COVID-19 en marzo de 2020, las cárceles de Buenos Aires —que ya estaban al 111% de su capacidad— suspendieron todas las visitas, las clases y las salidas laborales. Los reclusos quedaron frente a un aislamiento total del mundo exterior, lo que agravó la tensión y la salud mental dentro de instalaciones ya propensas a disturbios.
Diez días después, la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires autorizó el uso de teléfonos celulares para todos los presos provinciales, argumentando que una prohibición general durante la cuarentena violaría los derechos a la educación, la comunicación y la defensa legal. La decisión convirtió a Buenos Aires en una de solo cuatro provincias argentinas en legalizar los teléfonos celulares en las cárceles.
El efecto fue inmediato. Los reclusos usaron los teléfonos para videollamadas con familiares, clases en línea, trabajo remoto mediante Zoom y Google Meet, pagos digitales a través de Mercado Pago y Ualá, y redes sociales. Una red de WhatsApp coordinaba los horarios diarios entre los pabellones. Durante los motines de noviembre de 2020, los presos documentaron la violencia policial en TikTok y YouTube, material que luego se usó en cientos de habeas corpus.
Contrario a los temores de los críticos, los funcionarios penitenciarios y los expertos en derechos humanos informaron que no hubo aumento de la criminalidad. «El acceso a los teléfonos celulares reduce el conflicto», dijo la abogada Claudia Cesaroni, citando el principio de normalidad —la vida en prisión debe parecerse a la vida ordinaria—. La medida, inicialmente temporal, siguió en vigor después de que se levantaran los confinamientos.
Los reclusos obtuvieron videollamadas, educación remota, trabajo por Zoom, pagos digitales y herramientas para documentar derechos humanos
El aislamiento total durante el confinamiento separó a los reclusos de sus familias, abogados y educación, violando derechos fundamentales.
Los teléfonos celulares ya eran contrabando omnipresente; la legalización trajo transparencia y regulación.
La Cámara de Casación Penal dictaminó que la prohibición restringiría ilegalmente los derechos a la comunicación, la educación y la defensa legal.
Los grupos de derechos humanos argumentaron que la conectividad se alinea con el «principio de normalidad» para una reclusión humana.
Las herramientas digitales permitieron a los reclusos documentar abusos, creando mecanismos de rendición de cuentas que no existían antes.
Restablecer los derechos básicos de comunicación reduce el conflicto con mayor eficacia que el aislamiento punitivo, incluso en entornos de máxima seguridad.
La política se extendió a Tucumán, Chubut y Mendoza, pero más de dos tercios de los presos argentinos aún carecen de acceso legal a teléfonos. Las familias y los grupos de derechos humanos continúan presionando para su adopción a nivel nacional. En Buenos Aires, la medida se ha vuelto permanente; tanto los reclusos como los guardias dicen que revocarla desencadenaría el caos.
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Las fuentes
- "El teléfono es todo para mí" Rest of World · restofworld.org ·